TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Sesión - COLOMBIA
AUDIENCIA SOBRE EMPRESAS DEL PETRÓLEO

Bogotá 3 y 4 de agosto de 2007

INTRODUCCIÓN

El Tribunal Permanente de los Pueblos establecido en 1979 como sucesor de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976), tiene como su vocación y Estatuto dar visibilidad y calificar en términos de derecho todas aquellas situaciones en las que la violación masiva de derechos fundamentales de la humanidad no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales, sea a nivel nacional o internacional. A lo largo de más de 25 años de su historia y a través de sus 33 sesiones, el Tribunal Permanente de los Pueblos ha acompañado, anticipado y respaldado las luchas de los pueblos contra el espectro de violaciones de sus derechos fundamentales, incluyendo la negación de su autodeterminación, las invasiones extranjeras, las nuevas dictaduras y esclavitudes de la economía y la destrucción del medio ambiente.

El juzgamiento por el involucramiento de transnacionales con presencia en Colombia en la violación de derechos humanos, se inicio en el mes de abril de 2006.

Se han realizado hasta la fecha las audiencias: agroalimentaria (Bogotá 1 y 2 de abril de 2006), sobre la minería (Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006), biodiversidad desarrollada en la Zona humanitaria de Nueva Esperanza de la cuenca del Río Cacarica en el bajo Atrato chocoano (25 y 25 de febrero 2007).

La audiencia ha sido precedida por 4 preaudiencias que tuvieron lugar en Saravena (11, 12 y 13 de diciembre de 2006), Barrancabermeja (22 de marzo de 2007), El Tarra (19 y 20 de mayo de 2007) y Cartagena (25 de mayo de 2007), las cuales han permitido la participación directa en el proceso de investigación y recolección de testimonios de las comunidades más involucradas en los hechos que son objeto de ésta.

La audiencia se realizó en la sede de la Asociación Distrital de Educadores, sede sur, según el programa detallado en el anexo 1 y ha sido atendida por alrededor de 400 personas provenientes principalmente de las regiones afectadas por las trasnacionales petroleras, estaban también presentes los representantes de la red internacional el Enlazando Alternativas, que incluye más de 80 ONG de Europa y América latina. Según el acuerdo definido con la fundación Internacional Lelio Basso y la Secretaría general del TPP, aún en esta cuarta audiencia se ha contado con la colaboración del Observatorio de Trasnacionales, Megaproyectos y derechos humanos para el trabajo preparatorio del material y de la documentación de la acusación.

DE LAS ACUSACIONES

Frente a la responsabilidad de las mencionadas empresas, se indicó que Oxy, BP y Repsol han acuñado políticas comunes en Colombia. Tales políticas se han concretado en el saqueo de los recursos naturales y la violencia sistemática contra la población. Por su parte, esto ha implicado la destrucción del tejido social, la ejecución de asesinatos y la persecución de su dirigencia así como la violación de los derechos humanos de las mayorías y la destrucción de los grupos indígenas.

Según las acusaciones, los atropellos de estas empresas buscan lograr el control poblacional y evitar resistencias a sus actividades, para lo cual han combinado varias estrategias, entre las que está la presión sobre el Estado para que dirija en su favor políticas que las beneficia, como la minimización de la regularización, la flexibilización de los contratos de asociación, la privatización de las empresas de energía, el otorgamiento de ventajas fiscales y entrega de más reservas petroleras o de gas a estas; además, está la militarización de la vida de la sociedad, profundizada por la aplicación del Plan Colombia y por el apoyo directo dado por las petroleras a las fuerzas armadas legales e ilegales, y la promoción de la corrupción.

Según los expertos que respaldaron la acusación, existe similitud de objetivos de estas tres empresas petroleras transnacionales acusadas, basados en políticas imperialistas que han saqueado el petróleo colombiano, utilizando varias estrategias, tales como el ocultamiento de los resultados de las pruebas de producción, la celebración de contratos en términos desfavorables para la nación, la realización de transacciones fraudulentas con el fin de evadir impuestos, la utilización del presupuesto nacional al servicio de la construcción de la exploración y la infraestructura, la invasión de territorios ancestrales de las etnias indígenas, la celebración de convenios de seguridad con empresas privadas y con las fuerzas militares y la adecuación, con la eficaz colaboración del Estado, de todo el marco jurídico que reglamenta esta actividad en Colombia. Esto se ve representado en los más de 605 millones de dólares de utilidades obtenidas en el 2005.

Según la acusación, para conseguirlo deben quitar del medio a sus enemigos, sin discriminar entre ambientalistas populares, trabajadores, campesinos e indígenas que se oponen a estas políticas y que, de acuerdo con las declaraciones de los neoliberales, “crean restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”.

Se dijo que, el petróleo y el gas son recursos naturales no renovables. Por tanto su extracción es definitiva y el país que consume sus reservas indefectiblemente no las recuperará, a no ser que encuentre nuevos yacimientos. Si se dedica a exportar irracionalmente su petróleo, como se ha hecho con Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, formaciones que tuvieron unas reservas conjuntas que alcanzaron los 3.500 millones de barriles, pues en menos de quince años estos mega pozos se acaban. Un ejemplo de ello es que mientras la vida de los descubrimientos petroleros más grandes de Colombia no van a pasar de 30 años, la explotación de Cira Infantas, otro pozo gigante, hoy en poder de la Oxy, puede llegar a durar 100 años.

El ritmo de extracción ha sido tan fuerte, que según Ecopetrol, hasta 2002, la Oxy había extraído de Caño Limón 750 mil barriles de petróleo, mientras que la BP, en Cusiana y Cupiaga, había sacado 806 millones de barriles. Para la fecha, a ambos yacimientos se le habían sacado más de 2.500 millones de barriles y el valor de su producción era de más de 60.000 millones de dólares, suma casi equivalente de la deuda publica interna y externa más la deuda privada externa del país.

Las acusaciones particulares presentadas contra las empresas petroleras y el Estado colombiano fueron las siguientes:

La Oxy y Repsol son socios en diversos tipos de negocios. La Repsol se ha vuelto un complemento de las actividades de Occidental en Colombia. La multinacional estadounidense, como ha sido su costumbre, vendió parte de sus derechos sobre el yacimiento de Caño Limón a la transnacional española. Después de readquirir la parte de la Shell, por medio de la compra de Colcitco, la cual convirtió en Occidental Andina, Oxy vendió, a través de Oxycol, el 6,25% de su propiedad a la transnacional española Repsol YPF. Esa operación al menos le reportó otros 150 millones de dólares. Con ese acuerdo, Repsol entró a participar, como socio minoritario del acuerdo de asociación Cravo Norte constituido entre Ecopetrol, empresa que tiene el 50%, y la Oxy, representada por sus subsidiarias, Occidental Andina, la cual posee el 25%, y Occidental de Colombia, que tiene el 18,75%.

Repsol, cuyos principales accionistas son los conglomerados financieros españoles, empezando por La Caixa, que tiene el 31% de su propiedad, seguido por el Banco de origen Vasco, llamado Bilbao Vizcaya Argentaria, el cual posee el 9% y por la compañía energética castellana Iberdrola, con el 3,5% de las acciones, tiene una inversión creciente de capital norteamericano. Uno de los poseedores de acciones de esta compañía de esta última nacionalidad es el fondo de inversiones Brandes, que controla el 9,4% de su propiedad accionaria. Además, la compañía petrolera de origen español viene desarrollando una asociación creciente con Occidental Petroleum Corporation.

Con la adquisición de una parte de la propiedad de Caño Limón en 2003, Repsol compró una enorme responsabilidad sobre el genocidio cometido por la multinacional norteamericana contra la población del departamento de Arauca. También se asoció al etnocidio del que han sido victimas los pueblos Guahíbos y U’wa, a la destrucción ambiental originada por la explotación petrolera y al brutal saqueo de los recursos naturales nacionales agenciado por las compañías multinacionales. Por lo demás, se sumó a un proyecto contrainsurgente y de guerra extremadamente agresivo con la población civil.

Repsol YPF posee derechos mineros en Colombia sobre 8 bloques, 7 de los cuales son de exploración. Tiene bajo su control una superficie de 7.862 kilómetros cuadrados. También es el más importante operador domiciliario de gas natural en el país a través de la empresa Gas Natural. Monopoliza la distribución de este producto en Bogotá, el altiplano cundiboyacense y la región oriental, contando con cerca de 1.5 millones de clientes

En el caso de Arauca ha establecido una alianza estrecha con la Oxy y con su proyecto de militarización de la sociedad departamental. Ha ayudado consistentemente a agudizar los conflictos en Arauca. Por ejemplo, su arribo coincidió con las primeras acciones paramilitares en la población de Tame, uno de los municipios donde hace exploración y explotación de petróleo, allí queda ubicado el bloque Capachos I, y con la agudización del conflicto armado en la región. Igual ha hecho en las zonas del Bajo y Medio Atrato, y el Medio y Alto San Juan, donde también ha habido abundante presencia paramilitar mientras hay exploración y explotación petrolera de Repsol.

Parte de sus actividades se llevan a cabo en el ancestral territorio del Pueblo U’wa. Tres pozos - Capachos, Caño Limón y Catleya- están ubicados muy cerca del actual territorio indígena, mutilado por el gobierno colombiano a propósito con el fin de sacar estas tierras de los resguardos para permitir la actividad de explotación de las multinacionales.

1. A la Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL - y al ESTADO COLOMBIANO:

2. A las empresas OXI, REPSOL y ECOPETROL y al Estado colombiano, por el saqueo de recursos naturales, la destrucción de ecosistemas y contaminación del medio ambiente, la destrucción del territorio y cultura de las comunidades indígenas U’wa y Guahiba y el Genocidio contra las comunidades y organizaciones sociales del departamento de Arauca. Éste último crimen, representado en los casos particulares de: las masacres de Santo Domingo, La Cabuya, Tame (veredas Flor Amarillo, Piñalito y Cravo Charo), Cravo Norte, Caño Seco, el homicidio del menor Hugo Horacio Hurtado y la implementación de la estrategia de judicialización sistemática contra los líderes sociales de la región.

Occidental Petroleum Corporation es una empresa estadounidense que se fundó en 1920. Está inscrita en el estado de California y posee operaciones en varios países del mundo, siendo sus principales operaciones en Oriente Medio y en el continente americano.

A OXY, en Colombia, se le acusa de por propiciar el aniquilamiento de la Unión Sindical Obrera USO, sindicato de ECOPETROL, en particular por su responsabilidad en los homicidios de Manuel Gustavo Chacón, Jorge Orlando Higuita, Auri Sara Marrugo, Enrique Arellano y Rafael Jaimes Torra.

OXI, en su intento de mantener indemne su explotación y en connivencia con el estado colombiano, ha recurrido en Arauca a las medidas represivas más extremas: la expulsión masiva del campesinado bajo presión militar, policial y de agencias de seguridad; el apoyo directo a la acción militar, promoviendo y sufragando la guerra a fin de asegurar sus intereses estratégicos, garantizar las tasas de ganancia y el flujo permanente hacia el exterior; la intervención militar norteamericana a través del Plan Colombia; la creación de teatros operacionales de guerra mediante el empleo de legislaciones especiales (estado de conmoción interior, estados de excepción, estados de emergencia , zonas de rehabilitación y consolidación); la militarización generalizada de Arauca vinculando a parte de la población civil a programas militares, institucionalizando los grupos paramilitares y adaptando el aparato de justicia a los intereses de la transnacional; y la desvertebración del movimiento social.

3. A la empresa British Petroleum Company y al Estado colombiano, por la desarticulación del movimiento social y campesino, el exterminio de la asociación de veredas de Cunamá - ASOVEC, la Asociación Comunitaria para el desarrollo Agroindustrial y social del Morro - Acdainso y la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos - ADUC, a través de los homicidios de Carlos Mesías Arriguí, Daniel Torres, Roque Julio Torres Torres, Oswaldo Vargas y Carlos Hernando Vargas Suárez.